YA PONTE LAS PILAS MGZ POQUE LOS DE ABAJO DE ESTAN SANGRANDO CON LOS RECURSOS.
Desobedece Gobernador de Tlaxcala orden federal; le costaría ir a prisión
Tanto el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, como su personal jurídico Marco Antonio Díaz Díaz, han quedado expuestos a ser destituidos del cargo e ir a prisión, debido a que todos han desobedecido un fallo federal que les ordena devolver a ciudadanos de Puebla un bien ilegítimamente expropiado.
De acuerdo con uno de los afectados, Hugo Enrique Díaz Sánchez, desde 2010 el Tribunal Colegiado de Circuito con asiento en Tlaxcala, determinó la devolución de un edificio expropiado en 1986 que jamás cumplió con la causa de utilidad pública.
El Gobierno de Tlaxcala había esgrimido que el bien sería para ampliar las instalaciones del conocido Teatro Xicoténcatl, pero desde entonces en lugar de ello la autoridad lo ha usado para estacionamiento público, explicó en entrevista Díaz Sánchez.
Después de ocho años de litigios en los que el Gobierno de Tlaxcala ha incurrido en demostrados actos de tráfico y corrupción, en marzo de 2009 el Juez Primero de Distrito en materia federal ordenó la devolución.
Sin embargo, desde entonces, personal de la Consejería Jurídica, y sus asesores Javier Arroyo Hernández y Jovita Pérez Galindo, han utilizado artimañas jurídicas improcedentes, y a capricho han retenido el bien inmueble, añadió Díaz Sánchez.
Explicó que dado que su madre, la señora María de los Ángeles Sánchez es la directa propietaria del inmueble, ésta ha sido amagada por los citados funcionarios.
Precisó que entre los involucrados en este desacato federal, sobresale Silvestre Lara Amador, Magistrado de la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala.
Hoy apuntó, los arriba señalados han inventado y sobre puesto un nuevo decreto para tratar de burlar a la justicia federal, aunque ésta precisó-, ha ratificado la improcedencia de expropiación y por tanto la devolución del inmueble.
En virtud de lo anterior, está en trámite un último recurso federal que de ser nuevamente desobedecido, todos, incluido el Gobernador, podrán ser objeto de destitución del cargo y culpados por desobediencia con castigo de cárcel.
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