Héctor Ortiz Ortiz, ex gobernador de Tlaxcala
Tlaxcala, 19 febrero 2011 (Socorro López Vázquez).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó la devolución al gobierno del estado de 120 millones 8 mil 900 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio fiscal 2009, de los cuales sólo reintegró 1 millón 445 mil 900 pesos.
De acuerdo con el informe, se determinaron 16 observaciones, de las cuales solamente 5 fueron solventadas y las 11 restantes derivaron en 4 recomendaciones, 6 pliegos de observación y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
De los más de 120 millones de pesos, se encontró que 118 millones 483 mil pesos fueron destinados al pago de proyectos no contemplados en la apertura programática autorizada por el FAFEF, con los que se realizó la adquisición de derechos de vía para la ampliación del camino Real de Miraflores y la adquisición de predios para la liberación del Libramiento Poniente con un monto de 14.3 millones de pesos; así como el pago de gastos de operación de la USET, el pago de homologaciones del CECYTE y el pago de cuotas de seguridad social para el personal de la UAT, todo con un monto de 104.1 millones de pesos.
Además, la Auditoría Superior evidenció que el gobierno del estado abrió una cuenta bancaria para el manejo de recursos del fondo, pero no proporcionó evidencia de que informó de ello a los órganos de control y fiscalización federales.
En el informe se detalla que de los más de 99 millones 48 mil 900 pesos destinados a Inversión en Infraestructura Física, el gobierno estatal se excedió en el rubro del pago de gastos indirectos por un monto de 952 mil 600 pesos, mismos que reintegró, más no así los intereses generados por disponer de ese recursos con un monto de 15 mil 300 pesos.
La federación tampoco encontró documentos que comprobaran la aplicación de 28 mil 600 pesos del contrato denominado estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento en el municipio de San Juan Huactzingo.
Asimismo, se detectó un saldo pendiente por 18 mil 900 pesos por el anticipo y fianza de cumplimiento del contrato estudio y proyecto de agua potable del municipio de Totolac que fue rescindido.
En tanto que el gobierno estatal en 2009 realizó pagos improcedentes o en exceso por el monto de 17 mil 200 pesos y 363 mil pesos de un costo financiero por el retraso en la entrega de recursos a los ejecutores.
Por otro lado, de acuerdo con el informe, en lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), el gobierno del estado tuvo subejercicios de recursos, entrega de dinero a municipios sin criterios de distribución apegados a la normativa y la aplicación de recursos para fines ajenos a la seguridad pública.
De dicho fondo la federación asignó al estado la cantidad de 128.479 millones de pesos en el 2009 y entre las irregularidades cometidas están la aplicación de casi 805 mil 800 pesos para la adquisición de vehículos de uso administrativo, así como 104 mil 200 pesos para la compra de uniformes para uso personal de escoltas, pues se adquirieron trajes de vestir, camisas de manga larga y corbatas.
Se reveló además que de los 2 mil 502 elementos con que contaban las dependencias de seguridad pública en 2008, sólo se capacitaron 956, y para 2009, de los 2 mil 544 uniformados, sólo fueron adiestrados mil 955.
La Auditoría Superior detectó además que Tlaxcala no cuenta con un Centro de Control de Confianza Certificado que le permita contar con personal de seguridad pública calificado, confiable y competente.
De las 36 observaciones emitidas por la auditoría, el gobierno estatal sólo solventó 29 antes de la integración del informe respectivo; sin embargo, el documento señala que las dependencias involucradas no cuentan con los mecanismos necesarios para garantizar que los recursos se apliquen de manera adecuada.
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que diferencia con gobiernos priistas -