Tlaxcala, isla de la ilegalidad

Uno de los refranes más conocidos en México, sin lugar a dudas, es aquel que reza: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, el cual por desgracia se aplica muy bien en algunos de los gobernantes tlaxcaltecas, que han hecho de sus respectivos encargos un salvo conducto para beneficiar a familiares.

A nivel estatal muy pronto quedó en el olvido esa frase de 25 palabras que recitó el titular del Ejecutivo estatal en su toma de protesta, aquel no lejano 15 de enero, en la que se comprometió a que “en Tlaxcala, a partir de hoy, ni familiares, ni aviadores mantenidos con recursos públicos, tampoco puestos creados a modo, sin perfil, sin funciones, sin responsabilidades”.

63 días después de esa arenga vitoreada por sus seguidores, María Elena González Zarur fue designada como titular del Museo del Arte de Tlaxcala o al menos así se ha presentado la mujer al proceso de entrega–recepción. Antes, ya hubo nombramientos de sobrinos, primos, esposas de primos, en cargos de la administración estatal.

Este ejemplo, ya arraigado, pulula en los municipios como Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, por mencionar algunos, en donde desde la madre de un edil, como el capitalino, gozan de las mieles del poder a costa del erario público.

Sin embargo, ellos no podrán ser llamados a cuentas, por la simple razón de que quienes fiscalizan ya cayeron en la tentación de lograr similares canonjías para su parentela.

Como otras cosas, los que despachan en el Congreso local fingen desconocer la fracción III del artículo 30 de su Ley Orgánica que establece que están obligados a no intervenir en el procedimiento de designación de su cónyuge, concubina o concubinario, o de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados .

Priistas, panistas, perredistas y hasta los socialistas han visto la manera de colocar a sus hijos y sobrinos. O en el colmo del descaro, algunos diputados han contratado a sus vástagos para que les carguen las petacas, eso sí, con cargo a los impuestos que pagan los ciudadanos.

Tlaxcala, isla de la ilegalidad

JUAN LUIS CRUZ PÉREZ Uno de los refranes más conocidos en México, sin lugar a dudas, es aquel que reza: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, el cual por desgracia se aplica muy bien en algunos de los gobernantes tlaxcaltecas, que han hecho de sus respectivos encargos un salvo conducto para beneficiar a familiares. A nivel estatal muy pronto quedó en el olvido esa frase de 25 palabras que recitó el titular del Ejecutivo estatal en su toma de protesta, aquel no lejano 15 de enero, en la que se comprometió a que “en Tlaxcala, a partir de hoy, ni familiares, ni aviadores mantenidos con recursos públicos, tampoco puestos creados a modo, sin perfil, sin funciones, sin responsabilidades”. 63 días después de esa arenga vitoreada por sus seguidores, María Elena González Zarur fue designada como titular del Museo del Arte de Tlaxcala o al menos así se ha presentado la mujer al proceso de entrega–recepción. Antes, ya hubo nombramientos de sobrinos, primos, esposas de primos, en cargos de la administración estatal. Este ejemplo, ya arraigado, pulula en los municipios como Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, por mencionar algunos, en donde desde la madre de un edil, como el capitalino, gozan de las mieles del poder a costa del erario público. Sin embargo, ellos no podrán ser llamados a cuentas, por la simple razón de que quienes fiscalizan ya cayeron en la tentación de lograr similares canonjías para su parentela. Como otras cosas, los que despachan en el Congreso local fingen desconocer la fracción III del artículo 30 de su Ley Orgánica que establece que están obligados a no intervenir en el procedimiento de designación de su cónyuge, concubina o concubinario, o de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados . Priistas, panistas, perredistas y hasta los socialistas han visto la manera de colocar a sus hijos y sobrinos. O en el colmo del descaro, algunos diputados han contratado a sus vástagos para que les carguen las petacas, eso sí, con cargo a los impuestos que pagan los ciudadanos.