Los desatinos jurídicos de MGZ

Derivado de los procesos judiciales en los que ha protagonizado la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Tlaxcala, lamentablemente varios de ellos no han procedido y en contraparte habría originado quebranto en las arcas de la administración estatal de Mariano González Zarur, por lo que se avizoran cambios en esa área vital de la administración estatal.

Cabe recordar que a la llegada del nuevo gobierno estatal, en una entrevista que publicó el periódico ABC el pasado miércoles 19 de enero en su edición digital, Marco Antonio Díaz aseveró que; “no habrá impunidad ni encubrimientos” derivado del proceso de entrega recepción que estaba pendiente sobre “las irregularidades que ameriten sanción y serán consignadas”

Las primeras acciones en materia jurídica fueron las de suspender; la conclusión de la Plaza Bicentenario, así como la Central de Abasto, la suspensión de las patentes de 17 notarios, el cese del presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA), la disminución del número de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), por mencionar de los más sonados en la opinión pública.

En marzo del 2011 fue suspendida la construcción de la Plaza Bicentenario misma que quedó inconclusa en el sexenio de Héctor Ortiz Ortiz ya que a finales de 2009, tras un accidentado proceso para hacerse de poco más de dos hectáreas y media de terreno en una de las zonas con mayor movimiento de la ciudad de Tlaxcala, inició la construcción de la Plaza del Bicentenario, cuya culminación no pudo darse pese a los más de trece meses de labor y, una inversión de más de 400 millones de pesos.

Posteriormente fue la Central de Abastos de Tlaxcala (CAT) ya que el pasado 13 de marzo de 2012, la Justicia Federal, "dejó insubsistente y sin efecto legal alguno la suspensión de la Central de Abasto de Tlaxcala (CAT)", como resultado del Juicio de Amparo 758/2011-VI-B, promovido por Roberto Reyes Aguilar, apoderado legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración de dicha obra.

No obstante, en el contrato signado entre el gobierno de Tlaxcala y los constructores de la CAT, destaca el artículo noveno, "de las penas": Las partes convienen que en caso de que por causas imputables al gobierno del estado, no se cumplan o se obstaculicen los fines del presente convenio se deberá observar lo siguiente:

"El gobierno del estado reconoce y se compromete ante las empresas a que la obra no sea suspendida, ni temporalmente, ni definitivamente, ni cancelada, ni retrasada de manera arbitraria, ni se ejecuten actos ilegales , ni que se lleven a cabo actos que atenten en contra de los efectos y alcances que se derivan del presente acto, por cualquier autoridad del Estado."

"En caso de que , este supuesto se diera, las partes convienen en que una vez que los actos señalados sean declarados ilegales y/o inconstitucionales por las autoridades competentes, el Gobierno del Estado, sin reserva alguna pagará a Las Empresas el monto de la indemnización que asciende a la cantidad de $320,000,000.00 (trescientos veinte millones de pesos)”

Adicionalmente, “si la obra se suspendiera temporalmente, el gobierno del estado indemnizará a las empresas, con la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos) por cada día que dure la suspensión”.

El pasado 4 de septiembre del 2011 e-consulta publicó que; “el Ejecutivo estatal respondió en tiempo y forma la notificación emitida por la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), respecto del procedimiento legal del recurso de revisión del otorgamiento de 16 Patentes notariales, que se sigue en la toca administrativa 139/2011, radicada por ese Poder, aseveró el Consejero jurídico del Gobierno, Marco Antonio Díaz Díaz”.

 

Asimismo el 15 septiembre del 2011 el periódico Reforma y e-consulta dieron a conocer que; “cinco de los 16 notarios que rindieron protesta en septiembre del año pasado ante el gobernador panista Héctor Ortiz Ortiz, y que ahora están suspendidos por la administración priista de Mariano González Zarur, presuntamente alteraron documentos oficiales para hacerse de una patente”.

Luego de que en septiembre del 2011 la procuradora Alicia Fragoso Sánchez, que fue directora de notarias en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, ganara un laudo laboral millonario, el consejero jurídico del gobierno del estado, Marco Antonio Díaz Díaz, informó que buscan detectar cuántos casos más hay de funcionarios de la actual administración que demandaron a otra gestión y que ganaron un laudo laboral, situación que a la fecha no ha tenido seguimiento.

 

El pasado 10 de noviembre del 2011, e-consulta publicó que el consejero jurídico del poder ejecutivo, Marco Antonio Díaz Díaz, acudió al Congreso local para entregar al presidente de la Mesa Directiva, Silvestre Velázquez Guevara, la iniciativa por la que se pretende  desaparecer la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeset) y atribuir sus funciones a la Comisión de Planeación del Estado de Tlaxcala (Copladet).


Ya en la recta final del año en el mes de diciembre del 2011 el Consejero Jurídico, integrante de la Comisión Estatal Implementadora, Marco Antonio Díaz Díaz, acudió a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, para explicar los puntos esenciales de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.


En esa reunión Díaz Díaz justificó que esta propuesta de restructuración al Poder Judicial está hecha con base en un análisis del por qué es necesario reducir de 14 a 9 magistrados, y también de fusionar la sala familiar y civil, y también para convertir en unitaria la sala Electoral Administrativa.

Después de los evidentes fracasos del Gobierno priista en materia jurídica, en los últimos días se ha recrudecido los comentarios al interior del gobierno estatal, incluso de la misma coordinación de información y relaciones públicas, de su relevo

Tal es el desconcierto que existe en la figura del asesor jurídico, que se tuvo conocimiento que la mañana de este sábado Díaz Díaz habría entregado su oficina, sin embargo no se pudo corroborar  esa información.